Este miércoles 22 de julio, el Gobierno de Costa Rica dio un golpe sobre la mesa. En una conferencia de prensa desde Casa Presidencial, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, junto al viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, presentaron 24 acciones concretas para combatir tres problemas que llevan años erosionando las finanzas públicas: la evasión fiscal, el contrabando y el comercio ilícito.
La motivación detrás del anuncio no es un capricho político. Es una respuesta directa a la caída sostenida de los ingresos tributarios, un fenómeno que preocupa tanto al Ministerio de Hacienda como a cualquier empresa que compite en el mercado formal, pagando impuestos, mientras otros operan en la sombra.
Lo interesante —y lo que muchas empresas todavía no terminan de dimensionar— es que gran parte de esta batalla contra la evasión se libra hoy en un terreno digital: el de la trazabilidad de las transacciones. Y ahí, la factura electrónica no es un actor secundario. Es la columna vertebral.
Las 24 acciones: simplificar, agilizar y endurecer
Víctor Carvajal fue claro en un punto que probablemente tranquilizó a más de un empresario: estas medidas no contemplan un aumento de impuestos ni afectan programas sensibles del Estado. El enfoque, según explicó, se concentra en tres frentes:
Simplificar el sistema tributario costarricense, reduciendo la complejidad que muchas veces empuja a los contribuyentes —de forma involuntaria— hacia el incumplimiento.
Agilizar la Administración Tributaria, para que los procesos de fiscalización y control sean más rápidos y efectivos.
Endurecer las sanciones por evasión fiscal, apuntando directamente a quienes diseñan o participan en esquemas de evasión.
Este último punto merece atención especial. El Gobierno anunció que perseguirá no solo a quienes evaden, sino también a las empresas que venden esquemas de evasión o servicios diseñados para facilitarla. Estas compañías serían sancionadas y suspendidas de los sistemas del Ministerio de Hacienda, cortando de raíz su capacidad de operar dentro del ecosistema tributario formal.
Y no se trata de una amenaza abstracta. Carvajal adelantó que pronto se presentarán las primeras diez denuncias penales contra contribuyentes que presuntamente se dedican a estas prácticas. Detrás de esa primera tanda hay un universo más grande: Hacienda ya tiene identificados cerca de 400 casos que involucran a pequeñas, medianas y grandes empresas.
Sinpe Móvil entra al radar fiscal
Uno de los anuncios que más ruido generó fue la propuesta de que los contribuyentes registren los números telefónicos vinculados a los pagos que reciben por Sinpe Móvil. Esta plataforma, que se convirtió en el método de pago cotidiano para miles de negocios formales e informales en Costa Rica, había operado hasta ahora con relativamente poca trazabilidad fiscal directa.
La medida busca cerrar una brecha evidente: si una persona o negocio recibe ingresos recurrentes por Sinpe Móvil pero no los declara ni los factura, ese dinero simplemente no existe para efectos tributarios. Vincular el número telefónico a la identidad del contribuyente es, en esencia, otra forma de traer más transacciones bajo el paraguas de la trazabilidad electrónica, el mismo principio que ya rige a la factura electrónica.
El otro frente: aduanas y comercio ilícito
El dato que quizás debería generar más debate público es este: según Carvajal, el 80% de las infracciones aduaneras no se sanciona. Es una cifra que expone una realidad incómoda sobre el contrabando y el comercio ilícito en el país, y que conecta directamente con la competencia desleal que enfrentan los negocios formales frente a productos que ingresan o se comercializan sin control fiscal ni aduanero.
En materia de gasto público, el Gobierno también anunció una revisión de todas las instituciones del Estado con el objetivo de reducir el gasto, además de un proyecto de ley para regular las exoneraciones fiscales, un tema que ha sido fuente de debate durante años en Costa Rica. Y no quedó fuera de la conferencia el tema del financiamiento externo: el Poder Ejecutivo insistió en la autorización para colocar $13,500 millones en eurobonos, mediante nueve tractos anuales de $1,500 millones cada uno.
¿Por qué la factura electrónica es central en todo esto?
Aquí es donde vale la pena detenerse. Aunque el anuncio del Ministerio de Hacienda cubre frentes muy distintos —aduanas, gasto público, financiamiento, Sinpe Móvil—, hay un hilo conductor que atraviesa casi todas las medidas relacionadas con evasión fiscal: la necesidad de que cada transacción quede registrada, sea trazable y esté vinculada a un contribuyente identificable.
La factura electrónica ya cumple exactamente esa función para las transacciones comerciales formales. Cada comprobante fiscal electrónico que se emite queda registrado ante el Ministerio de Hacienda casi en tiempo real, con información estructurada sobre el emisor, el receptor, el detalle de bienes o servicios, y los impuestos aplicados. No hay margen para "olvidar" declarar una venta cuando el sistema mismo genera y transmite el comprobante de forma automática.
En un contexto donde el Gobierno está endureciendo sanciones y ampliando el radar de fiscalización hacia otras formas de pago (como Sinpe Móvil), las empresas que ya operan con sistemas de facturación electrónica robustos están, en la práctica, un paso adelante. No porque estén exentas de fiscalización, sino porque su operación ya es transparente por diseño.
Esto tiene varias implicaciones prácticas:
1. Menor exposición a sanciones por errores de registro
Cuando la facturación depende de procesos manuales o sistemas fragmentados, el riesgo de omitir ventas, duplicar comprobantes o cometer errores de cálculo tributario aumenta. Un sistema de facturación electrónica bien integrado reduce ese margen de error humano, algo especialmente valioso ahora que Hacienda anuncia sanciones más duras.
2. Trazabilidad como defensa, no solo como obligación
Muchas empresas todavía perciben la factura electrónica como un trámite impuesto por la ley. Pero en el escenario que se dibuja tras este anuncio, la trazabilidad se convierte también en una forma de protección: un historial fiscal limpio y verificable es la mejor defensa frente a una eventual fiscalización, especialmente cuando el Gobierno está identificando activamente esquemas de evasión y persiguiendo a quienes los facilitan.
3. Competencia más justa frente al comercio informal
El dato del 80% de infracciones aduaneras sin sancionar y la mención al comercio ilícito reflejan una realidad que muchos empresarios formales conocen de primera mano: competir con negocios que evaden impuestos o ingresan mercancía sin control aduanero es una desventaja estructural. En la medida en que el Estado logre cerrar esas brechas —apoyándose en herramientas como la factura electrónica y el registro de pagos digitales—, el terreno de juego se vuelve más parejo para quienes ya cumplen.
Costa Rica no está sola en esta tendencia
Vale la pena poner este anuncio en perspectiva regional. Costa Rica no es el único país que está apostando por la digitalización fiscal como herramienta contra la evasión.
Esta tendencia regional no es casualidad. Los gobiernos de América Latina han identificado que la brecha entre lo que se debería recaudar y lo que efectivamente se recauda —la llamada brecha fiscal— se cierra de forma mucho más eficiente con sistemas digitales de facturación que con auditorías tradicionales, que son más lentas, más costosas y más fáciles de eludir.
Para las empresas que operan en más de un país de la región, esto significa que la facturación electrónica dejó de ser un requisito aislado de un solo mercado. Se está convirtiendo en el estándar de facto para operar de forma transparente en Centroamérica y el Caribe.
Lo que esto significa para tu empresa hoy
Si tu negocio en Costa Rica todavía no cuenta con un sistema de facturación electrónica plenamente integrado a sus procesos internos —ventas, inventario, contabilidad—, este anuncio del Ministerio de Hacienda es una señal clara de que el margen de tolerancia hacia la informalidad fiscal se está reduciendo, no ampliando.
Las 24 acciones presentadas no buscan asustar a los contribuyentes que cumplen. Buscan, según sus propias palabras, simplificar el sistema y agilizar los procesos. Pero también es innegable que están construyendo una infraestructura de fiscalización más estricta, donde la trazabilidad electrónica —ya sea a través de comprobantes fiscales o del registro de pagos móviles— jugará un papel central.
Adaptarse a tiempo a estos estándares no solo evita fricciones futuras con la Administración Tributaria. También ordena la operación interna de la empresa, reduce el riesgo de errores contables y fortalece la posición del negocio frente a proveedores, clientes y entidades financieras que cada vez valoran más la transparencia fiscal como indicador de solidez.
Una conversación que apenas comienza
El anuncio de este miércoles marca un punto de inflexión en la forma en que Costa Rica está abordando la evasión fiscal, el contrabando y el comercio ilícito. Las próximas denuncias penales, la eventual regulación de las exoneraciones y el registro de pagos por Sinpe Móvil serán temas que seguirán generando debate en los próximos meses.
Lo que ya queda claro es que la digitalización de los procesos fiscales —con la factura electrónica como pieza central— no es una tendencia pasajera, sino la dirección hacia la que se mueve todo el sistema tributario costarricense. Las empresas que entiendan esto a tiempo, y que inviertan en sistemas de facturación electrónica robustos y bien integrados, estarán mejor posicionadas para operar con tranquilidad en el nuevo escenario fiscal que Hacienda está construyendo.